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Testimonio ante la Comisión Política Especial y de Descolonización de las Naciones Unidas Cuarta Comisión

Testimonio ante la Comisión Política Especial y de Descolonización de las Naciones Unidas Cuarta Comisión

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New York, NY
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Natasha Lycia Ora Bannan

Natasha Lycia Ora Bannan
Associate Counsel

Natasha’s work focuses on the economic exploitation and discrimination against low-wage Latina/o immigrant workers, as well as legal support in the face of the economic and humanitarian crisis in Puerto Rico. She works on both domestic litigation and international advocacy before human rights mechanisms concerning issues including: state-sanctioned violence and failure to protect; self-determination and decolonization processes; gender justice; and immigrants’ rights.

Prior to joining LatinoJustice PRLDEF, Natasha worked at the Center for Reproductive Rights and clerked for the Hon. Ronald L. Ellis in the Southern District of New York. Natasha graduated from CUNY School of Law, where she was editor-in-chief of CUNY Law Review and was a fellow at the Center for Latino/a Rights and Equality.

Natasha is president of the National Lawyers Guild, the nation's largest and oldest progressive bar association, and co-chairs its subcommittee on Puerto Rico. She is a board member of the Center for Constitutional Rights and MADRE, an international women’s human rights organization. She is a member of the New York City Bar Association’s Task Force on Puerto Rico and Inter-American Affairs Committee. Natasha is an adjunct faculty member at John Jay College of Criminal Justice.

Natasha has written several articles, including Puerto Rico's Odious Debt: The Economic Crisis of Colonialism, 19 CUNY L. Rev. 287 (2016), and has been featured in numerous news outlets.

Buenos días honorables miembros del Comité y su Presidenta Keisha Aniya McGuire. Me dirijo a ustedes hoy para llamar atención al colapso total de cualquier apariencia de democracia en Puerto Rico que pudiera todavía existir después de 500 años de colonialismo.  
 
Como bien saben ustedes, Puerto Rico está viviendo su peor crisis económica en un siglo, y quizás la peor crisis humanitaria y política en las últimas 40 años. Por fin y sin dudas algunas, las tres ramas del gobierno federal se han acordado claramente que Puerto Rico es una colonia, sin ninguna apariencia de soberanía o autodeterminación.  Han reafirmado esa posición varias veces a través de fallos, escritos y declaraciones en los últimos tres años. A pesar de ser el colonialismo ilegal, inmoral y ampliamente rechazado por la comunidad internacional[1] (y este cuerpo en particular), sigue el territorio más grande no autónomo siendo colonia, sin consecuencias económicas, políticas y jurídicas para su colonizador.  Es momento de que este Comité profundice su trabajo y empiece a impulsar de verdad un proceso legítimo de descolonización que incluye un eventual voto en la Asamblea General.  De ser lo contrario, seria no cumplir con el mandato que se le dio a este Comité y sus ilustres miembros de desempeñar con lo más sagrado de las misiones: la libertad de la gente y de las naciones.
 
Hace un mes, la rama ejecutiva afirmó lo que había argumentado bajo la administración previa en un escrito antes el Tribunal Supremo de los Estados Unidos[2] – que Puerto Rico no tiene fuente independiente que le garantiza su autonomía, y que la única soberanía que tiene, si se le puede llamar así, es la que el congreso decide otorgarle.  En 2016 en su fallo Puerto Rico vs. Sanchez Valle,[3] el Tribunal Supremo de EE.UU. eliminó cualquier pretexto que se había guardado sobre Puerto Rico y si era una entidad política que pudiera ejercer una soberanía, aunque fuera limitada. Repasando por la historia de cómo Puerto Rico llegó a tener su propia constitución, aclaró el Tribunal que, aunque esa constitución creó un “nuevo tipo de entidad política,” mejor conocido como el Estado Libre Asociado, al fin no cambió su estatus con respecto a su relación política con los Estados Unidos.  El Tribunal Supremo señaló que ese “momento constitucional transformador de Puerto Rico no nos conduce a una conclusión diferente” que su condición de colonia, tanto antes como después de la adquisición por EE.UU., cambió. Esa condición la llamamos colonialismo y ha sido denunciado por esta Comisión en casi 40 ocasiones y repudiado por la comunidad internacional. 
 
Porque si de algo podemos estar claros, es que la situación de Puerto Rico no se atenderá en los tribunales.  No litigaron la libertad para acabar con el apartheid en África del Sur ni llevaron casos del colonialismo en la India contra el colonialismo británico, ni lanzaron argumentos que fueron recibidos con éxito sobre la autodeterminación y la descolonización en los tribunales de América Latina contra España.  Los tribunales fallarán a favor de sus propios procesos, intereses y estructuras, mientras el pueblo puertorriqueño sigue siendo sujeto a caprichos de EE.UU. Por eso venimos otra vez antes ustedes a exigir que esa denuncia y repudiación colectiva empiece a sonar en otros espacios más allá de estas paredes que ya deben estar bien familiarizadas con nuestros argumentos.
 
Los tribunales, por ejemplo, fallaron a favor de la constitucionalidad de la junta de control fiscal.  Como ya se ha mencionado, la junta de control fiscal[4] es un modelo de gobierno antidemocrático que solo puede existir en un contexto colonial. La imposición de una junta compuesta de siete ejecutivos del sector financiero y banquero, con poderes de vetar decisiones del gobierno electo, que se reúnen en privado y en lugares como Wall Street, que públicamente admiten que no tienen que rendirle cuentas al pueblo puertorriqueño, que se niegan entregar información sobre sus posibles o actuales conflictos de interés, que rehúsan consultarle al pueblo de Puerto Rico sobre la toma de decisiones que afectará a la isla por generaciones, que pagan millones de dólares en contratos lujosos a bufetes extranjeros que sacan del bolsillo de la maestra o el estudiante o la recepcionista – eso no es un acto “soberano” de un país.  Eso solo se puede llamar por su nombre – un saqueo y una dictadura.  Un supuesto gobierno así no se permitiría en ninguna otra parte del mundo, y solo se ha permitido porque Puerto Rico es una colonia sin gobernanza propia.
 
Para repasar, la rama ejecutiva afirma que puede disponer de Puerto Rico como le da gana; el congreso delega sus poderes a una junta de control fiscal y los tribunales afirman la constitucionalidad y legitimidad de todo, sin ni siquiera considerar sus obligaciones bajo el derecho internacional que tiene el país con respecto a sus colonias.  Todos sabemos que ese modelo no es sostenible, pero hacen falta mas voces indignantes.
 
Después del paso de Huracán Maria, que profundizó la desigualdad sistemática y estructural que ya existía en la isla y promovió una ola masiva de migración forzosa por falta de vivienda, agua, comida, empleo, atención médica, escuelas abiertas y cercanas, sueldos dignos, pensiones suficientes, ambientes sanos y garantías de seguridad ciudadana, millones de personas alrededor del mundo vieron por primera vez el trato inhumano del gobierno federal hacia las vidas puertorriqueñas.  El abandono y negligencia criminal provocó indignación al nivel mundial, sin muchos entender de donde venia tanto desprecio y odio hacia un pueblo.  Lo que vimos no fue nada distinto a lo que siempre se ha visto, pero ahora sin el disfraz.  No entendieron muchos porque pudo un país dejar a millones de seres humanos sin comida y agua, sin luz y techos, sin lo básico para sobrevivir.  No solamente que no facilitaron la ayuda sino la obstaculizaron.  No dejaron entrar suministros y ayuda de otros países vecinos, ni de los programas de las Naciones Unidas.  No querían ayudar ni que nadie ayudara.  Como resultado de ese ejercicio de acción colonial, miles de personas murieron.  El colonialismo es violento, y tiene cara de todas esas madres, hijas, tíos, bebes, abuelos y hermanos que ya no están con nosotras y nosotros hoy.
 
Ahora, una gran parte de la labor de honrar sus memorias le cae sobre este Comité.  4,645 personas murieron, no por un fenómeno natural, sino porque no pudieron sobrevivir la colonia.  Cuando venga el próximo desastre – sea natural, político, militar o económico - no podemos dejar que vuelva a pasar otra masacre como pasó lentamente después de Maria. Nos urge tomar decisiones sobre nuestras vidas y las de nuestras familias y seres queridos.  Merecen y merecemos vivir.
 
Por último, aprovecho para llamar atención otra vez a la situación de Vieques.  Después de 60 años de ser utilizado como campo de entrenamiento militar para las prácticas de bombardeo y de guerra química tanto por los Estados Unidos que otras naciones, incluyendo la OTAN, Vieques sigue siendo sujeto a un proceso de supuesta “limpieza” por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Ya son diez y seis años llevando el proceso administrativo de limpieza que ha estado plagado de críticas sobre la forma en que la Marina está administrando el proceso, incluyendo la detonación al aire libre de las bombas encontradas, lo que contribuye a los mismos males de la contaminación ambiental y riesgos para la salud que supuestamente contrarrestan.[5] El pueblo viequense y la comunidad científica puertorriqueña sigue denunciando de que la Marina sigue quemando al aire libre la vegetación con el fin de encontrar las municiones para así economizar sus recursos y no tener que financiar adecuadamente o administrar un proceso de limpieza consistente con las normas federales e internacionales.[6] Existen métodos alternativos de detonación que incluyen cámaras de detonación cerradas que son más seguras y causan menos daño tanto al medio ambiente que a la población humana, sin embargo, la Marina se ha negado usarlos.[7] La Marina sigue insistiendo en que la detonación al aire libre de las bombas no contribuye a la contaminación del aire ya que los químicos liberados se encuentran por sí y son productos de la naturaleza; sin embargo, se apresuran a advertir a los residentes y visitantes de no acercarse ni tocar esas municiones.

Este Comité ha expresado consecuentemente a través de sus resoluciones su apoyo a la devolución completa de la tierra y las instalaciones que hoy en día todavía ocupan la isla de Vieques, para el pleno respeto de los derechos humanos más fundamentales, y para realizar una verdadera descontaminación sin economizar de la manera que la Marina nunca intentó economizar cuando tiraban bombas y tóxicos en esas tierras. Ahora que se trata de la paz y no de guerra, les importa el presupuesto.  El pueblo de Vieques ha firmemente exigido la devolución de todas las tierras controladas por el gobierno federal al pueblo de Vieques; descontaminación adecuada y exhaustiva de todas las tierras y el lecho marino; desmilitarización de sus tierras; y el desarrollo económico bajo control y según la visión de la comunidad local.  Sin embargo, ninguna de esas demandas se ha cumplido en los casi 80 años después de la llegada de la Marina. Hacemos un llamado a este Comité a que reafirme su compromiso con la devolución de las tierras descontaminadas al pueblo de Vieques por el gobierno de los Estados Unidos.
 
En resumen, hace casi 60 años la comunidad internacional dijo “basta ya” al colonialismo y los poderes coloniales.  En Puerto Rico vemos el efecto continuo de ser colonia.  La despoblación de la isla – sea por migración forzada, por muertes evitables o por la invasión extrajera de capital, intereses ajenos y el desplazamiento de las comunidades – dejará a un Puerto Rico sin puertorriqueños.  Le exigimos a este honorable Comité que aplique Resolución 1514 en su totalidad al caso de Puerto Rico. Esto es urgente, y se trata de la vida o muerte. 

Gracias.
 
Lic. Natasha Lycia Ora Bannan
Abogada
LatinoJustice PRLDEF

 
[1] Importance of the universal realization of the right of peoples to self-determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights, U.N. Gen. Assembly, A/RES/37/43 (3 December 1982), http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r043.htm.
[2] Petition for Writ of Certiorari by the United States, United States of America v. Aurelius Investment, LLC, et al., ____ U.S. ____, No. 18–1514 (2019) https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-1514/102156/201906051852577....
[3] Puerto Rico v. Sanchez Valle, 136 S. Ct. 1863, 195 L. Ed. 2d 179 (2016).
[4] La junta de control fiscal fue aprobada como parte de PROMESA (“Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act”), H.R.5278, 114th Congress (2015-2016).
[5] Jose Delgado, Expertos cuestionan la tecnología militar utilizada en Vieques, El Nuevo Dia (Feb. 16, 2019), https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/expertoscuestionanlatecnologiamilitarutilizadaenvieques-2477078/.
[6] Elba Díaz de Osborne et al., Universidad de Puerto Rico, Evaluación de Metales Pesados en Productos Agrícolas de una Finca con Prácticas Orgánicas en el Bo. Luján Sector Destino de Vieques (Puerto Rico) (Oct. 21, 2008); National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Alternatives for the Demilitarization of Conventional Munitions (2019).
[7] Jorge Colón, Vieques y la Marina de EEUU: Cuando los informes desinforman, June 16, 2015, http://minhpuertorico.org/index.php/noticias/55-noticias/3746-jorge-colo... véase Daniel Colon Ramos, Letter to President Barack Obama About Vieques, April 20, 2015, http://www.huffingtonpost.com/daniel-coloramos/letter-to-president-barac....